CNDH solicita indagar con perspectiva de género muerte de Delfina Ramírez

Al condenar el asesinato de Delfina Ramírez Morales, quien, según reportes, fue detenida por presuntos policías del municipio de José Joaquín Herrera, en la región de la Montaña Baja de Guerrero, el 16 de enero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades judiciales estatales a realizar una investigación bajo el protocolo con perspectiva de género para el delito del feminicidio.

Instó a que se detenga a los responsables y se les sancione conforme a la ley, y con ello, “enviar un mensaje claro de justicia para las víctimas y de cero impunidad para los agresores, máxime si es personal de seguridad”.

La CNDH destacó que en la entidad tan sólo de enero a noviembre del 2021 se registraron 16 feminicidios y 112 homicidios dolosos. “Para el mes de enero de este año se reportan otras cuatro muertes violentas de mujeres”. Esto, expuso, aunado a la violencia contra ellas en la zona de la montaña, “señalada recientemente en diversos medios de comunicación que han relatado casos como el abuso sexual de las niñas y la venta de estas, en algunas zonas de la entidad, ligado también a la presencia de grupos criminales”.

En un comunicado, la CNDH refirió que la madre de Delfina señaló en un escrito de denuncia, que la última vez que vieron a su hija fue el domingo 16 de enero a las 13:00 horas, cuando ya regresaba a su lugar de residencia en Ayahualtempa, momento en el que vieron que se la llevaron los policías municipales, por lo que ella acusa a estos elementos de haberla desaparecido.

La Comisión Nacional llamó al gobierno del estado de Guerrero “a cumplir con las obligaciones constitucionales para garantizar en todo momento el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres, debiendo recordar la responsabilidad estatal de atender los mecanismos de garantías para la protección de las mujeres y su seguridad, así como su obligación para prevenir y atender” la violencia contra las féminas, sancionar a los agresores, garantizar la reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas y la implementación de medidas para la prevención y no repetición.