La Fiscalía General de la República (FGR) planea dar “carpetazo” a la investigación en torno al homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por el Ejército en 2010, debido a que los crímenes no se han podido comprobar.
El pasado 9 de julio, la FGR les informó que cerraría la investigación iniciada contra miembros del Ejército Mexicano por los delitos de portación y acopio de armas de fuego, pues según ellos, “en más de 11 años no lo han podido comprobar”.
“Mientras tanto, el Poder Judicial continúa rezagando la resolución del caso, que sigue en la completa impunidad. Aunque este Gobierno ofreció disculpas el 19 de marzo del 2019, no ha ofrecido justicia conforme a derecho”, apuntaron los familiares de las víctimas. “Cabe destacar que el caso de Jorge y Javier es el primer caso reconocido de ejecución extrajudicial por parte del Gobierno mexicano”.
“Queremos decirles a las autoridades que, una disculpa a las familias de Jorge y Javier no es suficiente. El compromiso real con las víctimas de la guerra y con la pacificación del país llegará cuando haya sentencias, se finalice la guerra contra el narco y se concluya con el papel de las fuerzas armadas en tareas que no le corresponden, como la seguridad pública”.
El 19 de marzo de 2010, los dos jóvenes estudiantes de 23 y 24 años fueron asesinados en una de las puertas del Tecnológico de Monterrey, en el campus de esa ciudad al norte de México.
Ambos fueron acribillados por elementos del Ejército Mexicano mientras salían de clases. Inicialmente, las autoridades señalaron que su muerte había sido producto de un daño colateral, fuego cruzado o incluso que pertenecían al crimen organizado.
Esa noche, soldados patrullaban calles de Monterrey y se enfrentaron a tiros con personas que presuntamente los agredieron. La balacera entre vehículos alcanzó las puertas de la institución educativa, de donde los estudiantes salían para ir a cenar, cuando fueron baleados por los militares.
En ese momento, el Ejército argumentó que los jóvenes formaban parte del crimen; mientras que el Tec de Monterrey apuntó que ninguno de sus alumnos estaba implicado en acciones de ese tipo.
Los soldados alteraron la escena del crimen y colocaron armas de fuego en los cadáveres de los estudiantes, con el objetivo de justificar su versión de los hechos. Años después, en 2019, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública a los familiares de las víctimas por la violación de sus derechos humanos y por el uso arbitrario de la fuerza.
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