POLÍTICA Y GENTE

Por Pedro García

El estado de Nuevo León registra problemas propios de su dimensión social y económica. Uno de ellos es el Transporte, también llamado Movilidad, servicio básico cuya solución requiere acciones de fondo con proyección al futuro. Es decir, que las determinaciones que se tomen sean de efectos duraderos, y por supuesto benéficos para quienes usan los medios de transportación y para los que están en este negocio público.

El beneficio implica contar con un transporte de calidad y a tarifas acorde a la economía de las mayorías sociales que usan el sistema integrado por camiones, Metro, taxis…Y, claro, la supervivencia de los prestadores donde la demanda reiterada es por un aumento tarifario y una reducción y/o cancelación de una serie de gastos que impactan de forma negativa en sus costos de operación.

Con toda nuestra ignorancia sobre el tema, consideramos que el Transporte es básico para el desarrollo de cualquier sociedad, por lo tanto, merece un tratamiento de soluciones equiparables a la disposición del maíz, la tortilla o el huevo, por ejemplo.

La provisión de la movilidad de las personas es absolutamente indispensable. No puede ser tomado como un servicio optativo y su disposición debe ser garantizada, sea por particulares o por los gobiernos o por una participación de ambos en donde la realidad de los factores de los costos no puede imponerse de manera fría sobre las variables del ingreso de los usuarios, de sus posibilidades de pago.

El gobierno estatal tiene que hallar un esquema equilibrado en concordancia con el interés de los usuarios y de los prestadores del servicio. Puede, incluso, participar activamente como un amortiguador en el conflicto que propicia el alza en las tarifas.

En otras palabras, el gobierno podría diseñar un plan financiero de las tarifas mediante partidas presupuestarias en calidad de subsidio permanente a determinados grupos de usuarios, por ejemplo, los vulnerables económicamente sin ingresos o que son subempleados o desempleados, y jubilados con bajas pensiones, tal como se hace con los adultos mayores en ciertos servicios públicos.

Estimo que el nuevo gobernador tendría que buscar también el respaldo federal con aquel mismo objetivo, incluso, gestionar subsidios a los combustibles que usan los camioneros y taxistas para que estos puedan asimilar el costo, en el caso de que no hubiera un aumento en las tarifas.

El nuevo gobernante podría argumentar a la Federación que el estado de Nuevo León es una Zona Cara y merecería un apoyo en subsidio al transporte para atenuar los efectos a la población si es que la tendencia es a otorgar un alza en las tarifas.

Y aún más, existe el argumento del aporte de Nuevo León a la recaudación fiscal, como tal ya se le ha señalado recientemente.

El presidente López Obrador ha decretado medidas fiscales, salariales y tarifarias en beneficio de entidades federativas de las fronteras norte y sur de la República. En unas, alentó el aumento al mínimo regional. En otras, redujo la tasa del IVA e ISR, asimismo, disminuye tarifas eléctricas donde se registran altísimas temperaturas.

¿Por qué, el Presidente no aceptaría apoyar a Nuevo León en el Transporte donde el conflicto por la cuestión de las tarifas ha enfrentado, con gran ardor, a las partes interesadas?