La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, aseguró que las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos son totalmente falsas, ya que jamás ha tenido esa suma de dinero.
«Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista», afirma Gómez Mont.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la conductora indicó que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.
Asimismo, dijo que ha guardado silencio para concentrarse en su defensa, además de asegurar ser inocente al no haber cometido algún delito.
«Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia», expresó.
En el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, un juez libró 10 órdenes más solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
La FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.
Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.
De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.
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