Nueva reforma en la ley de Notariado de Nuevo León busca blindar las transacciones inmobiliarias

30 de abril de 2024

En una reciente sesión de la comisión unida de legislación y justicia del estado de Nuevo León, se aprobó un importante dictamen que reforma la ley de Notariado en materia de actos inmobiliarios. La reforma, que ahora espera su debate en pleno, introduce cambios significativos con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica en las transacciones de bienes inmuebles y reducir el riesgo de fraudes relacionados con el robo de terrenos.

Los legisladores de la comisión destacaron que las modificaciones buscan imponer mayores «candados legales» a los procesos notariales, a pesar de que esto pueda implicar un aumento en la carga de trabajo y los trámites burocráticos. «Estamos abiertos de aquí al pleno, a que podamos dialogar o debatir cualquier articulado que necesite ser revisado», señaló el diputado Javier caballero Gaona, enfatizando la colaboración entre notarios, el Archivo General de Notarías, el Instituto Registral y Catastral, y la Secretaría General de Gobierno en la elaboración de esta reforma.

Entre los cambios más destacados se encuentra la introducción de un documento con código QR que contendrá todos los datos de los notarios, reemplazando los sellos digitales anteriores, y modificaciones en el tratamiento de las escrituras públicas para prevenir alteraciones no autorizadas. Además, se reconoce el uso de pasaporte como mecanismo de identificación para extranjeros en procedimientos inmobiliarios.

Caballero Gaona, promotor de la reforma, destacó la incorporación de alternativas en la presentación de datos biométricos y otras identificaciones oficiales cuando los sistemas presenten fallas, especialmente pensando en los adultos mayores. «Este es un paso adelante para proteger la integridad de las operaciones inmobiliarias y evitar que las personas se vean afectadas por fraudes», explicó.

Caballero anticipa que la efectividad de la reforma se evaluará en los próximos 6 a 8 meses una vez sea aprobado por el congreso, lo cual determinará si se necesitan ajustes adicionales basados en las estadísticas de impacto y la experiencia práctica post-implementación.

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