Revela Lorena de la Garza presunta corrupción en la administración de Nuevo León

14 de mayo de 2024

La candidata a diputada por el distrito 8, Lorena de la Garza, dio a conocer cifras relacionadas al aumento de recursos que tiene el gobernador en turno del estado de Nuevo León, Samuel García en los despachos legales y fiscales familiares, sugiriendo que este crecimiento podría estar relacionado con prácticas ilegales. En sus declaraciones, de la Garza incluyó la posibilidad de extorsiones por parte del representante del poder ejecutivo y la participación de distintas areas gubernamentales, hacia empresas de transporte de combustibles.

«El día de hoy tenemos que hablar de un tema que ha salido a la luz pública en las últimas horas y es el ascenso financiero de la familia del gobernador Samuel García», afirmó De la Garza. Según la candidata, los ingresos anuales de los despachos jurídicos y fiscales, en los cuales el gobernador es socio, han visto un aumento de hasta el 800%, superando incluso el crecimiento de importantes empresas locales.

Además, De la Garza destacó que García, inicialmente como diputado local en 2015 y único propietario de la firma jurídica y fiscal, generaba ingresos anuales de aproximadamente 1.900.000 pesos. Tras ser elegido senador por Movimiento Ciudadano en 2018, y manteniendo los mismos socios en su firma, sus ingresos se dispararon a 86 millones de pesos anuales, reflejando un aumento considerable. Este ascenso continuó y, para 2021, mientras competía para gobernador, las ganancias se duplicaron a 192 millones de pesos hasta septiembre. Al asumir el cargo de gobernador en 2022, la facturación alcanzó los 578 millones de pesos y para 2023, superó los 980 millones de pesos anuales. A principios de 2024, los ingresos ya sumaban más de 70 millones de pesos, acumulando 1.630 millones de pesos en total.

Lorena mencionó que estos datos sobre el aumento financiero, corresponden a delitos como el tráfico de influencias deducido por la presunta triangulación de dinero en el crecimiento exponencial de las firmas (en donde coinciden con sus tiempos como funcionario público) y enriquecimiento ilícito, por los cuales debe responder García.

La candidata también señaló la posible extorsión a empresas del sector de importación y transporte de combustibles. «En promedio a estas empresas se les cobra entre 200 y 400 dólares por pipa de gasolina que se puede ingresar y transitar a través del Estado a Nuevo León», explicó, indicando que las mercancías son incautadas si no se realizan los pagos mencionados.

Por último, Lorena de la Garza, invitó a las personas que han sido victimas de estas supuestas extorsiones a que pongan las denuncias correspondientes, incluyendo a las personas que son empleados del estado y funcionarios públicos que hayan sido obligados a participar en alguna de las triangulaciones para que se acerquen a las autoridades y hagan valer sus derechos.