Por posibles hechos de corrupción y faltas administrativas graves a los servidores públicos, entidades de gobierno y empresas particulares que resulten responsables del desvío de más de 190 millones de pesos , el Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado así como en la Unidad Especializada en Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la República
Las Diputadas Iraís Reyes, Sandra Pámanes, Brenda Sánchez y Tabita Ortiz, de la Bancada Naranja, presentaron las querellas ante las autoridades correspondientes.
Las denuncias presentadas se dieron después de que medios de comunicación reportaron que entre 2014 y 2019, 120 empresas fantasmas y tres personas físicas emitieron facturas por 190 millones 607 mil 138 pesos por la prestación de diversos servicios a distintas dependencias del Gobierno de Nuevo León, que se presume fueron operaciones simuladas.
La Diputada Sandra Pámanes dijo que dirigir las denuncias a diversos organismos facilitará que haya resultados.
“No nos estamos refiriendo en las denuncias a un solo organismo o a una sola autoridad, esto va a favorecer mucho a que haya respuesta. Vamos a la autoridad administrativa, a la autoridad penal y a la de investigación, en cualquiera de ellas se puede establecer claramente un delito”, señaló Pámanes.
De las 120 empresas, 64 fueron contratadas en la Administración de Rodrigo Medina, 36 en la de Jaime Rodríguez y el resto en ambas administraciones.
La legisladora Iraís Reyes comentó que las denuncias se enfocan en 32 empresas que son las que concentran el 96 por ciento de los recursos otorgados, es decir 182 millones de pesos. Dentro de estas 32 hay al menos 18 que están relacionadas entre sí a través de sus integrantes.
Asimismo solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se haga una investigación a profundidad para rastrear los recursos desviados.
“(La sanción posible) por la parte penal es prisión; por la parte administrativa es inhabilitación para las empresas, para los funcionarios, pero sobre todo una consecuencia sería recuperar los millones de pesos perdidos ” dijo Reyes.
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