El Grupo Legislativo del PRI ha expresado su rechazo al reciente aumento de tarifas en el transporte público, que pasó de 12 a 15 pesos por pasajero. La medida afecta a la economía de las familias y, según el PRI, no tiene base legal. Por ello, el partido analiza la posibilidad de interponer amparos colectivos en defensa de los ciudadanos.
En una rueda de prensa, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, dejó claro el posicionamiento de su bancada: «Nos oponemos al tarifazo que nos quiere imponer el Gobierno estatal. No lo vamos a permitir, por lo que decimos un ‘no’ al aumento», afirmó, añadiendo que el incremento «no cumple con la ley ni con los procedimientos establecidos».
La diputada Armida Serrato Flores también se mostró en contra del aumento y advirtió que existe la posibilidad de que la tarifa llegue hasta los 21 pesos el próximo año. Ante esta situación, señaló que el Grupo Legislativo del PRI está evaluando la opción de interponer amparos colectivos. «El alza no pasó por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad, como lo establece la norma», subrayó Serrato Flores.
Por su parte, la diputada Ivonne Álvarez García destacó que el Congreso local ya está tomando acciones y analizando las medidas legales correspondientes para detener el aumento. Álvarez recordó que el incremento actual es ilegal, ya que la reclasificación de las rutas de tradicionales a «exprés» no justifica el cambio de tarifa. Además, señaló que, a partir de esta semana, el costo del pasaje con tarjeta electrónica subió de 13 a 15 pesos.
«Como Congreso, ya estamos viendo cómo podemos apoyar a los ciudadanos. El Grupo Legislativo del PRI está comprometido con un ‘no’ al alza, y queremos reiterar que estamos del lado de la gente», dijo la diputada, quien también recordó que el transporte público aún enfrenta problemas, como la falta de unidades y la necesidad de mejorar la infraestructura, antes de considerar un aumento en la tarifa.
El PRI continúa buscando frenar este aumento y promete seguir defendiendo los derechos de los usuarios del transporte público, asegurando que, si es necesario, llevarán el caso ante las instancias legales correspondientes para hacer valer la voz de la ciudadanía.
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