07 de noviembre de 2024
Monterrey, Nuevo León.- Diversos organismos empresariales de Nuevo León, entre ellos la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA), la Cámara Nacional de la Vivienda (CANADEVI) y el Consejo Cívico, se manifestaron en contra del reciente aumento al transporte público en el estado, y exigieron la implementación de medidas más transparentes y legales para resolver la crisis de movilidad.
A través de un comunicado conjunto, las asociaciones señalaron que las decisiones tomadas por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado (IMA) no cumplen con los estándares de transparencia y legalidad que requiere una gestión pública eficiente. Además, lamentaron que el aumento de tarifas en algunas rutas del transporte urbano, específicamente el incremento del 25% en las tarifas de las «rutas exprés», no haya seguido los procedimientos establecidos por la Ley de Movilidad de Nuevo León.
«Nos preocupa enormemente que, a pesar del reciente cambio de titular del IMA, persistan las prácticas poco transparentes», expresaron los representantes de los organismos empresariales. Además, señalaron que el gobierno estatal ha trasladado el costo de no implementar a tiempo las políticas públicas de movilidad al ciudadano, afectando a miles de usuarios del transporte público.
El decreto publicado el 5 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado abre la posibilidad para que algunas rutas del transporte se reclasifiquen como «rutas exprés», lo que permite un aumento automático en las tarifas, pero sin cumplir con el debido proceso de consulta y revisión que establece la ley. Los organismos empresariales criticaron que este tipo de decisiones no fueron sometidas previamente al Consejo Consultivo ni a la Junta de Gobierno del IMA, quienes deberían tener acceso a información detallada y oportuna sobre el impacto de tales medidas.
Asimismo, las organizaciones empresariales hicieron un llamado a la reestructuración del sistema de transporte y propusieron migrar a un modelo de pago por kilómetro, lo que, según ellos, podría mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un servicio más justo y transparente para los usuarios.
Los representantes de CANACO, CAINTRA, CANADEVI y el Consejo Cívico reiteraron que seguirán exigiendo al gobierno estatal mayor claridad en la gestión del sistema de transporte y la implementación de políticas públicas de movilidad que beneficien a toda la población.
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