Monterrey, Nuevo León.– El Consejo Cívico de Nuevo León votó en contra del aumento en la tarifa del transporte público, decidido durante la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA). La sesión, celebrada el pasado 3 de enero, dejó en evidencia las fallas en la gobernanza y estrategia del organismo, lo que ha generado preocupación sobre el manejo de la crisis de movilidad en el estado.
El Consejo Cívico argumentó que incrementar las tarifas sin abordar las ineficiencias y malas decisiones del IMA representa una carga injusta para los usuarios. Además, señaló la falta de avances tangibles en la gestión del instituto, indispensables para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
“Es urgente implementar cambios significativos en la gobernanza del IMA que den certeza a la ciudadanía sobre el rumbo del sistema de movilidad. De no hacerlo, se corre el riesgo de perpetuar una crisis que ya afecta profundamente a Nuevo León”, señaló el organismo.
Exigencias al IMA
El Consejo Cívico destacó una serie de condiciones mínimas que deben cumplirse antes de aplicar el aumento tarifario:
Diagnóstico y Plan Estratégico: Un análisis integral de la situación actual del sistema de movilidad, acompañado de un plan a cinco años con ruta de implementación clara.
Comité de Vigilancia Ciudadano: Supervisado por organismos independientes, garantizaría la transparencia y operatividad del instituto.
Gobernanza Profesionalizada: Completar la Junta de Gobierno con representación ciudadana, establecer un calendario de sesiones regulares y garantizar información compartida con antelación.
Transparencia Financiera: Publicar indicadores de gestión, quejas de usuarios y detalles de contratos, incluyendo señalamientos de triangulación con empresas de dudosa procedencia.
Mejoras en Sistemas de Pago: Ampliar y homologar sistemas electrónicos de pago, junto con la creación de una caja compensadora auditada y gestionada por el Fideicomiso para Medios de Pago Electrónicos (FIMPE).
El Consejo enfatizó que, a tres años del actual sexenio, las demandas ciudadanas sobre movilidad siguen sin respuesta, lo que pone en duda la capacidad del gobierno estatal para resolver la crisis heredada en 2021.
“Existe una deuda histórica del gobierno estatal con la ciudadanía de Nuevo León. Sin resultados concretos, el panorama podría agravarse antes de que finalice este sexenio”, advirtió el organismo.
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