19 de marzo de 2025
Con el objetivo de erradicar el abuso y garantizar entornos seguros para los estudiantes en Nuevo León, la diputada Melisa Peña, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó dos iniciativas en el Congreso del Estado enfocadas en combatir la violencia dentro de las instituciones educativas y sancionar a quienes encubran estos delitos.
La primera de las propuestas plantea una reforma a la Ley de Educación estatal para establecer protocolos más eficaces de prevención, atención y sanción en casos de violencia escolar, incluyendo el acoso y el abuso sexual, en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados. La iniciativa también contempla que docentes, directivos y personal administrativo reciban capacitación periódica en derechos humanos, manejo de conflictos y atención a víctimas.
“Como legisladores hemos recibido múltiples denuncias, no solo de estudiantes de bachillerato, sino también de educación básica, sobre casos de maestros que encubren el bullying e incluso situaciones más graves. Por eso, en el Código Penal vamos a incluir en el artículo 270 Bis 2, sanciones para directores, profesores o cualquier autoridad escolar que encubra estos actos. Establecemos un piso mínimo de tres años de prisión”, señaló Peña.
Además, la legisladora propuso adicionar los artículos 270 Bis 1 y 270 Bis 2 al Código Penal del Estado para endurecer las penas contra quienes cometan abuso sexual o violación contra menores dentro de los planteles educativos. La propuesta contempla castigos que van de 10 a 18 años de prisión para los agresores, y de 3 a 7 años de cárcel, además de multas de hasta 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para aquellos directivos, docentes o personal administrativo que omitan denunciar estos delitos en un plazo máximo de 48 horas.
Peña explicó que si la omisión de una denuncia deriva en la revictimización del menor o en el encubrimiento del delito, la sanción podría incrementarse.
“Actualmente, este tipo de sanciones no están contempladas en el Código Penal. Es fundamental visibilizar el problema y ponerle un castigo ejemplar”, afirmó.
Ambas iniciativas responden a la creciente preocupación social por la seguridad de los estudiantes en el estado y buscan transformar las escuelas en espacios libres de violencia y abuso.
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