Heriberto Treviño propone castigar con cárcel a “escuelas patito” en Nuevo León

06 de abril de 2025

Con el objetivo de frenar los fraudes cometidos por instituciones educativas sin reconocimiento oficial, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para tipificar como delito la operación de las llamadas “escuelas patito”.

El líder priísta explicó que actualmente estas prácticas solo reciben sanciones administrativas, lo cual consideró insuficiente dado el daño que ocasionan a estudiantes y sus familias, quienes invierten recursos y esfuerzo en estudios que carecen de validez legal.

“Es terrible cuando los estudiantes y sus familias invierten tiempo, dinero y expectativas en un servicio cuya certificación carece de validez oficial, y al final se enfrentan a consecuencias graves. Surgen obstáculos para continuar con sus estudios y se ven excluidos del mercado laboral”, advirtió Treviño Cantú.

La propuesta busca sancionar a las instituciones que, sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), expidan títulos profesionales, diplomas o grados académicos. El legislador enfatizó que este tipo de fraudes deben perseguirse de oficio.

“Es primordial que se actúe de oficio cuando una institución académica otorgue un título profesional sin contar con la autenticación correspondiente, porque indebidamente están vendiendo un documento falso”, añadió.

La iniciativa contempla modificaciones a las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 386, así como a las fracciones VIII, IX y X del artículo 387 del Código Penal del Estado.

Treviño Cantú destacó que en otras entidades del país ya se están tomando medidas legales contra estas prácticas, por lo que consideró urgente que Nuevo León se sume para proteger a los estudiantes y fortalecer a las instituciones educativas que sí cumplen con la normativa.

En cuanto a las sanciones, el legislador detalló que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión y multas cercanas a los 23 mil pesos, además de la obligación de resarcir el daño a las víctimas.

“El objetivo es claro: erradicar el engaño y garantizar que los planes y programas de estudio cuenten con RVOE vigente, para combatir estas prácticas abusivas y proteger el futuro de nuestros jóvenes”, concluyó.

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