Diputada propone endurecer castigos a delitos cometidos con motocicletas en Nuevo León

11 de septiembre de 2025

Monterrey, NL.– Con el objetivo de frenar el incremento de delitos como robos con violencia y homicidios perpetrados con el uso de motocicletas y vehículos ligeros, la diputada local de Acción Nacional, Myrna Grimaldo Iracheta, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para endurecer las sanciones y cerrar vacíos legales que, asegura, han permitido la impunidad en este tipo de crímenes.

La propuesta incluye reformas a diversos artículos del Código Penal de Nuevo León. En el Artículo 316 se plantea la incorporación de una fracción VIII que considere como agravante el uso de motocicletas, motonetas, cuatrimotos u otros vehículos ligeros de dos a cuatro ruedas en delitos de lesiones y homicidio.

Asimismo, en el Artículo 371, que se refiere a los robos con violencia, se propone agregar un párrafo final que establezca una pena adicional de uno a cuatro años de prisión, así como una multa que iría de 100 a 300 cuotas, cuando los responsables utilicen dichos vehículos para cometer el delito o para facilitar su huida.

Durante la presentación, la legisladora panista subrayó que esta iniciativa responde a la creciente incidencia de crímenes cometidos bajo esta modalidad, donde los responsables aprovechan la movilidad y rapidez de las motocicletas para evadir a la autoridad.

“Se ha visto un incremento de robos con violencia y homicidios en Nuevo León donde los delincuentes emplean motocicletas u otros vehículos ligeros para cometer los delitos y escapar rápidamente. Existe una alta tasa de impunidad en estos delitos que ya supera el 70%”, expresó.

Grimaldo aseguró que el marco jurídico actual es insuficiente, pues no contempla sanciones específicas para este tipo de situaciones, lo que ha derivado en un vacío legal que limita la capacidad de las autoridades para frenar este fenómeno.

La legisladora insistió en que su propuesta no solo busca castigar con mayor severidad, sino también enviar un mensaje claro a quienes operan bajo estas prácticas, a fin de proteger la integridad y la seguridad de la población.