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CEDHNL pide intervención de CONAGUA ante posibles riesgos en Línea 4 del Metro

28 de octubre de 2025

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió un llamado urgente para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) supervise la construcción de la Línea 4 del Metro, tras publicarse un reportaje de EL NORTE titulado “Ligan inundaciones a daños por pilotes”.

La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, indicó que se deben revisar de manera exhaustiva los estudios y análisis de riesgos relacionados con la colocación de pilotes en un ducto de drenaje pluvial y la ejecución de un proyecto de infraestructura cercano al Río Santa Catarina. Según Méndez Arellano, cualquier afectación al ducto requiere supervisión, mantenimiento y, de ser necesario, nuevas obras para garantizar su correcto funcionamiento.

Con base en la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA es responsable de la administración de los cauces de aguas nacionales, sus riberas y los terrenos colindantes, por lo que toda obra permanente requiere autorización y estudios técnicos que aseguren que no se interrumpa el flujo de agua ni se provoquen inundaciones.

La titular del organismo destacó que, para proteger los derechos humanos de la población, es fundamental: verificar que la obra cuente con la autorización de CONAGUA, que esté respaldada por estudios técnicos, revisar su ejecución y supervisión, y solicitar el apoyo técnico de la autoridad federal.

Asimismo, recordó que la Ley sanciona alterar o modificar la infraestructura hidráulica sin los permisos correspondientes, así como dañar obras hidráulicas de propiedad nacional.

Por ello, la CEDHNL solicitó a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado que gestione la asistencia técnica de CONAGUA y establezca programas integrales de prevención de inundaciones, coordinando acciones estructurales e institucionales que mitiguen riesgos.

La presidenta concluyó que el derecho a la buena administración, reconocido en la Constitución de Nuevo León, exige que los poderes públicos garanticen medios y procedimientos adecuados para proteger a la población.

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