Diputada de Movimiento Ciudadano es denunciada por presunto llamado a incumplir el predial

7 de enero de 2026

Monterrey, NL – La diputada Sandra Pámanes, coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, fue denunciada ante la Contraloría interna del Congreso local por presuntamente incitar a la ciudadanía a no pagar el impuesto predial en Monterrey.

La denuncia fue presentada por la legisladora del PRI, Armida Serrato Flores, quien entregó el oficio en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Según Serrato, Pámanes realizó declaraciones públicas cuestionando la actualización de los valores catastrales y promovió formatos de amparo sin respaldo legal, alentando a los ciudadanos a incumplir sus obligaciones fiscales.

“La diputada Pámanes ha difundido información que no corresponde a la realidad, generando confusión entre los ciudadanos y promoviendo el incumplimiento de la ley”, señaló Serrato. Añadió que la legisladora puso a disposición de la ciudadanía los formatos de amparo a través de Movimiento Ciudadano, para impugnar el cobro del predial que ella considera ilegal.

Serrato Flores enfatizó que la actualización de los valores catastrales se realizó de manera legal, conforme a la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León y respaldada por estudios técnicos durante 2024. Incluso destacó que Pámanes votó a favor del incremento cuando fue aprobado por el entonces alcalde Luis Donaldo Colosio.

“El procedimiento fue realizado por especialistas, avalado por Cabildo y respaldado por el Pleno del Congreso. No depende de un partido ni de un alcalde, y es falso que deba reponerse o que sea ilegal”, puntualizó la legisladora priista, agregando que señalar lo contrario afecta directamente a los contribuyentes.

La diputada del PRI recordó que la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2025 otorga plena vigencia a la actualización del predial, y que cualquier cuestionamiento legal al respecto carece de sustento.

Serrato Flores indicó que la Contraloría del Congreso será la encargada de analizar los hechos y determinar responsabilidades, que podrían ir desde amonestaciones públicas o privadas hasta un posible juicio político para destituir a la legisladora.