20 de enero de 2026
Representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, junto con titulares de organismos constitucionalmente autónomos y de la Fiscalía General del Estado, fijaron una postura conjunta para demandar al Gobierno del Estado la entrega íntegra de los recursos económicos que les corresponden por ley y que, aseguraron, no han sido transferidos en su totalidad.
La postura fue expuesta en un acto encabezado por la presidenta del Congreso local, Itzel Castillo Almanza, acompañada por el fiscal general Javier Flores Saldívar; Laura Perla Córdova, en representación del Poder Judicial; Brenda González, de INFONL; Olga Susana Méndez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y el auditor superior Alejandro Reynoso Gil. También participaron el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza.
Durante la lectura de un pronunciamiento oficial, Castillo Almanza señaló que la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado ha realizado depósitos parciales e injustificados, lo que afecta directamente el funcionamiento del Congreso y de los organismos autónomos. En el caso del Poder Legislativo, detalló que durante el mes de enero se dejaron de ministrar más de cuatro millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal en curso.
El comunicado establece que, pese a los ajustes y revisiones presupuestales en marcha, el marco legal es claro al señalar que debe aplicarse el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2025. En ese sentido, se advirtió que no es válido suspender o modificar las transferencias mediante interpretaciones discrecionales del Ejecutivo, ya que esto compromete la planeación financiera y pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones laborales y administrativas.
Los firmantes exigieron la liberación inmediata de los recursos pendientes, así como una explicación pública y formal que aclare las razones del retraso. Asimismo, reiteraron la necesidad de que se respete la autonomía de los Poderes y organismos, así como el principio de legalidad en el manejo de los recursos públicos.
En su mensaje final, la presidenta del Congreso sostuvo que el uso de la Tesorería estatal como instrumento de presión política resulta inadmisible y advirtió que no debe normalizarse un manejo discrecional del presupuesto. “La ley es obligatoria y no puede quedar sujeta a criterios personales”, afirmó.
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