Adrián de la Garza denuncia amenazas tras clausura de establecimiento en Monterrey

19 de febrero de 2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, denunció públicamente haber recibido amenazas y ser objeto de una presunta campaña de difamación a nivel nacional, en el contexto de acciones emprendidas por el Gobierno municipal para combatir delitos como la trata de personas y reforzar el cumplimiento de la ley.

El edil afirmó que, de manera constante, ha sido blanco de intimidaciones atribuidas a grupos con poder en distintas entidades del país, así como de señalamientos en redes sociales que calificó como parte de una estrategia para desacreditar su actuación.

“Yo no tengo miedo cuando veo que es un tema contra el derecho, voy a estar encima de eso hasta que no se restablezca el Estado de Derecho y voy a denunciar a quien tenga que denunciar, aun sea personajes muy poderosos de este país”, expresó. Añadió que le preocupa más la inacción frente a posibles irregularidades que las amenazas dirigidas en su contra.

De la Garza explicó que los hechos recientes se vinculan con la detección de un inmueble donde se pretendía instalar un mega casino, en el marco de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol en Monterrey. De acuerdo con el alcalde, el establecimiento no contaba con autorización municipal para operar, por lo que se realizaron requerimientos formales y posteriormente se procedió a su clausura.

Indicó que, tras estas acciones, jueces federales con sede en Tamaulipas otorgaron suspensiones que buscan frenar la ejecución de dichas clausuras, a pesar de tratarse —señaló— de un asunto de competencia local.

El alcalde también informó que, al denunciar la presunta falsificación de permisos, se ampliaron las investigaciones y se identificaron indicios de un posible esquema de trata de personas. Según datos preliminares, mujeres extranjeras habrían sido trasladadas a México bajo engaños laborales, reteniéndoles presuntamente sus pasaportes con el argumento de gestionar visas de trabajo, para después obligarlas a realizar actividades sexuales bajo amenazas.

“Estamos hablando de un tema gravísimo, con efectos internacionales, que no puede ni debe tolerarse. La trata de personas es un delito que debemos erradicar”, subrayó.

El presidente municipal sostuvo que confía en las instancias responsables de la procuración e impartición de justicia y aseguró que el Gobierno de Monterrey continuará colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y fortalecer la coordinación institucional.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no permanecer en silencio ante posibles actos ilícitos y a participar en la defensa del entorno que desean para sus familias.