19 de febrero de 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) firmaron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes universitarios integrarse a programas de servicio social, prácticas profesionales y bolsa de trabajo, contribuyendo así a la procuración de justicia y al fortalecimiento del Estado de derecho.
El acuerdo, suscrito en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, busca que los universitarios, principalmente de la Facultad de Derecho y Criminología y de carreras afines, participen en actividades académicas, de investigación, capacitación y proyectos conjuntos con la Fiscalía.
El Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar, destacó que la UANL cuenta con talento humano capaz de apoyar la alta demanda de trabajo de la Fiscalía y aportar soluciones innovadoras para mejorar la investigación y persecución del delito.
“La Universidad no es solamente un lugar en donde se imparten clases y se desarrollan habilidades para el mercado laboral, es el espacio en el que se comparten ideas y se generan nuevos retos. Queremos sumar el talento, el conocimiento y la capacidad innovadora del cuerpo docente, y contagiarnos de la juventud de su alumnado para buscar soluciones distintas a los problemas de nuestra sociedad”, señaló Flores Saldívar.
Por su parte, el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, reconoció la relevancia del convenio para ampliar las oportunidades de aprendizaje y vinculación de los estudiantes, fortaleciendo su formación profesional y su contribución al desarrollo del estado.
El coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología, David Castillo Martínez, subrayó que la alianza evidencia cómo la academia y la procuración de justicia se complementan, generando profesionales capacitados que históricamente han formado parte de la Fiscalía en cargos clave, desde agentes ministeriales y peritos hasta fiscales y vicefiscales.
El convenio contempla también becas, talleres especializados y visitas guiadas, consolidando un modelo educativo que vincula la teoría con el servicio público y promueve la participación de los estudiantes en la construcción de un sistema de justicia más sólido.






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