24 de febrero de 2026
En un intento por fortalecer el marco de protección a la infancia en Nuevo León, la vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Morena, Bere Martínez, presentó ante el Congreso local una iniciativa que busca prohibir no sólo el matrimonio infantil, ya restringido por la ley sino también las uniones tempranas que se realizan fuera de cualquier formalidad jurídica.
La legisladora sostuvo que, pese a las reformas previas en materia de matrimonio infantil, persisten prácticas sociales que colocan a niñas, niños y adolescentes en dinámicas de convivencia equiparables a un matrimonio, sin que exista registro oficial. Esta situación, advirtió, dificulta la intervención institucional y mantiene a las víctimas en un estado de indefensión.
“No basta con prohibir el matrimonio infantil en la ley; debemos atender también las prácticas que, sin ser legales, generan los mismos daños en la vida de niñas y adolescentes”, expresó durante la presentación de la propuesta.
La iniciativa contempla modificaciones al artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, con el propósito de eliminar ambigüedades normativas y establecer una prohibición clara que permita a las autoridades actuar ante estos casos.
En la exposición de motivos se advierte que las uniones tempranas suelen estar asociadas con abandono escolar, embarazos adolescentes y contextos de violencia de género. El documento subraya que el impacto se concentra principalmente en niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad, como en comunidades indígenas, entre personas con discapacidad o en zonas de alta marginación.
“Estas prácticas impactan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad por lo que incorpora un enfoque de igualdad sustantiva y acciones afirmativas”, añadió la diputada.
Con esta reforma, la bancada de Morena plantea avanzar hacia un esquema de protección integral que garantice el ejercicio pleno de derechos y el desarrollo libre de las personas menores de edad en la entidad, alineando la legislación local con criterios nacionales e internacionales en materia de derechos de la niñez.
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