Diputadas del PAN buscan bloquear bienes a padres que no cumplan con pensión alimenticia

24 de febrero de 2026

Ante el incremento sostenido en los casos de incumplimiento de pensiones alimenticias en Nuevo León, diputadas del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil estatal para impedir que deudores alimentarios vendan o traspasen su patrimonio con el fin de evadir sus obligaciones.

La propuesta, impulsada por Claudia Caballero Chávez e Itzel Castillo Almanza, plantea adicionar los párrafos segundo al séptimo del Artículo 309 del Código Civil, con el objetivo de establecer mecanismos de control sobre los bienes inmuebles de quienes incumplan con el pago de alimentos ordenado por un juez.

De aprobarse la reforma, el juez podrá ordenar al Registro Público de la Propiedad la anotación correspondiente en los folios reales de los bienes del deudor alimentario. Asimismo, el Registro deberá verificar el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias y, en caso de que el deudor intente adquirir, transmitir, modificar, limitar o extinguir derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá informar al juez, quien resolverá lo conducente. En tanto no exista autorización judicial, no podrá realizarse la inscripción del acto.

La iniciativa también contempla que el juez notifique al Colegio de Notarios del Estado para que los fedatarios tengan conocimiento de las restricciones y estén obligados a informar si el deudor intenta formalizar alguno de los actos jurídicos señalados.

Claudia Caballero explicó que la finalidad es evitar que los deudores se declaren insolventes tras deshacerse de su patrimonio. “En 2025 cerramos con 825 carpetas por este tema. Han aumentado críticamente las investigaciones por incumplimiento de una orden judicial de pensión alimenticia. Tenemos que actuar”, señaló.

Detalló que se propone un plazo de 90 días para que el deudor cumpla; de no hacerlo, el juez deberá dar aviso al Registro Público de la Propiedad para “blindar” los bienes y garantizar que la pensión llegue a niñas, niños y familias afectadas.

Por su parte, Itzel Castillo subrayó que la reforma busca reforzar la protección de los derechos de la niñez. Indicó que el Congreso ya ha impulsado modificaciones en otras leyes estatales para reconocer y sancionar a los deudores alimentarios, y que ahora se pretende complementar el marco jurídico para obligar al cumplimiento de la obligación parental.

Las cifras oficiales respaldan la preocupación. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, en 2025 se acumularon 604 denuncias por falta de pago de pensiones alimenticias, mientras que octubre de ese año registró la mayor incidencia mensual con 98 denuncias.

El año cerró con 825 carpetas de investigación abiertas por incumplimiento de obligaciones alimentarias, la cifra más alta desde que se tiene registro. Entre 2020 y 2025, este delito aumentó 94.43 por ciento, al pasar de 420 a 825 casos anuales en Nuevo León.