Grecia Benavides cuestiona política ambiental estatal y demanda transparencia

26 de febrero de 2026

La eliminación del sistema estatal de alertas ambientales fue llevada al debate legislativo por la diputada local de Morena, Grecia Benavides, quien promovió un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente explique los fundamentos de esa decisión y detalle las acciones implementadas para salvaguardar la salud pública ante episodios de contaminación.

La legisladora planteó que la calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey continúa siendo un asunto crítico y sostuvo que la autoridad está obligada a mantener mecanismos claros de información preventiva. En tribuna, cuestionó que tras la cancelación del esquema de alertamiento no se haya presentado un instrumento equivalente que informe oportunamente a la ciudadanía cuando existen riesgos sanitarios.

Como parte de su intervención, señaló que la aplicación oficial destinada al monitoreo ambiental permanece inactiva desde octubre pasado y no registra actualizaciones desde hace más de un año, lo que, afirmó, refleja deficiencias en la comunicación institucional sobre un tema de impacto directo en la población.

El documento ingresado en la Oficialía de Partes solicita que la dependencia estatal precise la justificación técnica y jurídica de la suspensión del sistema de alertas; informe qué mecanismo lo sustituyó; explique la operación reciente del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas; y entregue datos actualizados sobre afectaciones a la salud vinculadas con la contaminación en la zona metropolitana.

Benavides recordó que la normativa ambiental estatal contempla instrumentos de respuesta frente a contingencias atmosféricas, incluyendo sistemas de aviso dirigidos a la población. En ese sentido, advirtió que la política ambiental no puede limitarse a anuncios de reforestación u otras acciones programáticas si no se garantiza información oportuna durante episodios críticos.

Además, hizo referencia a señalamientos públicos relacionados con posibles presiones económicas a empresas contaminantes, lo que, indicó, abre interrogantes sobre la orientación de la estrategia ambiental en la entidad.

La diputada concluyó que la prioridad de cualquier política pública en esta materia debe ser la protección efectiva de la salud de la ciudadanía, particularmente en una metrópoli que enfrenta de manera recurrente altos niveles de contaminación.