Impulsan reforma para garantizar inclusión en infraestructura pública y privada

2 de marzo de 2025

Ante la persistencia de barreras arquitectónicas y urbanísticas que limitan la movilidad de miles de personas, el Congreso del Estado recibió una iniciativa que plantea modificar el marco legal para garantizar condiciones reales de accesibilidad universal en Nuevo León.

La propuesta, impulsada por el diputado priista Héctor Morales Rivera, contempla ajustes sustanciales a la normativa que regula el desarrollo urbano y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en elevar las sanciones económicas a quienes incumplan con los estándares obligatorios.

El planteamiento parte de una realidad demográfica: en la entidad, más de 220 mil personas viven con algún tipo de discapacidad, de acuerdo con cifras oficiales del Censo 2020. Para este sector de la población, banquetas sin rampas, señalización inadecuada o infraestructura mal diseñada representan obstáculos cotidianos que restringen su autonomía.

La iniciativa propone que la accesibilidad sea un criterio transversal desde la autorización y ejecución de proyectos urbanos, abarcando espacios públicos, transporte e infraestructura física. Además, introduce un esquema de sanciones más riguroso.

Actualmente, las multas por incumplir disposiciones en esta materia van de 200 a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS). La reforma plantea elevarlas a rangos de entre 5 mil y 10 mil UMAS en casos ordinarios, y hasta 15 mil UMAS cuando se trate de infracciones graves.

El legislador sostuvo que los montos vigentes no resultan proporcionales frente a la capacidad financiera de grandes desarrollos inmobiliarios, por lo que no generan un efecto disuasivo efectivo.

De aprobarse, la reforma modificaría diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo y promover ciudades más incluyentes.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y eventual dictaminación.