16 de abril de 2026
Lo que el Gobierno del Estado presenta como un bloqueo legislativo, el Congreso lo define como una crisis provocada por el propio Ejecutivo. Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, lanzó un mensaje directo al gobernador Samuel García: la solución a la falta de recursos no está en nuevas peticiones, sino en que el mandatario logre alinear a sus propios legisladores.
El «pecado» del veto La legisladora priista reconstruyó la cronología de una parálisis que ya suma cuatro meses. Según De la Garza, el Congreso cumplió con su labor en diciembre al entregar un paquete fiscal de 160 mil millones de pesos, diseñado junto a la sociedad civil y el sector empresarial. Sin embargo, fue la firma del propio Gobernador la que detuvo el flujo de recursos.
«Lo que no ha estado listo es la voluntad del gobierno estatal y sus aliados de MC y Morena para resolver el veto que él mismo interpuso», señaló la diputada, enfatizando que el presupuesto aprobado inicialmente protegía al estado de una deuda de 14 mil 600 millones y de un alza impositiva al sector productivo.
La consecuencia de este choque es la reconducción presupuestal, un estado de «congelamiento» financiero que obliga a Nuevo León a operar con el dinero del año pasado. Para De la Garza, las quejas actuales del Gobernador sobre la falta de fondos para educación y capacitación resultan irónicas, pues esos rubros estaban cubiertos en el plan que él mismo rechazó.
La pelota en la cancha de Movimiento Ciudadano A pesar de la retórica de confrontación que emana de la administración estatal, la legisladora aseguró que los dictámenes técnicos están listos para avanzar. No obstante, advirtió que el Congreso no puede caminar solo si el bloque oficialista mantiene su postura.
«El llamado debe hacerlo a sus diputados, no al Congreso», reiteró. Con esta declaración, la diputada cierra la puerta a la narrativa de la «omisión legislativa» y traslada la responsabilidad de la negociación al círculo interno del mandatario, instándolo a convencer a su bancada de destrabar el nudo legal que mantiene en vilo las obras de infraestructura, seguridad y movilidad en la entidad.


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