Aprueba Congreso mesas de trabajo para fortalecer combate a la extorsión

28 de abril de 2026

Ante el crecimiento exponencial de las modalidades delictivas digitales y el «cobro de piso», el Congreso del Estado dio luz verde a la creación de mesas de trabajo intersectoriales. El objetivo: dar forma a una nueva Ley contra la Extorsión que responda a las necesidades actuales de seguridad y justicia.

La iniciativa, presentada por la diputada del PRI Armida Serrato Flores, fue respaldada por unanimidad. Serrato Flores subrayó que la extorsión ya no es un delito aislado, sino una amenaza directa a la estabilidad económica estatal que ha evolucionado hacia el secuestro virtual y el fraude digital, afectando tanto a familias como a la planta productiva.

La legisladora presentó cifras contundentes que justifican la urgencia de la reforma. En un periodo de cuatro años, las denuncias en la entidad pasaron de 601 en 2021 a 940 en 2025, lo que representa un incremento del 56%. Esta estadística refleja solo los casos reportados, dejando fuera la cifra negra de ciudadanos que no denuncian por temor.

La nueva normativa en análisis contempla cuatro pilares para desarticular a los grupos criminales:

Tecnología de denuncia: Creación de un Centro de Atención con herramientas digitales de última generación.

Persecución especializada: Una nueva Unidad de la Fiscalía dedicada exclusivamente a este delito.

Vigilancia empresarial: Implementación de una Unidad de Enlace para proteger a los negocios de la intimidación.

Bloqueo en prisiones: Controles estratégicos para impedir que los centros penitenciarios operen como «call centers» delictivos.

Este movimiento legislativo no solo busca efectividad, sino cumplimiento normativo. Tras la reforma constitucional federal, el estado tiene como fecha límite el 28 de mayo de 2026 para armonizar sus leyes locales.

Las mesas de trabajo contarán con la participación de la Fiscalía General de Justicia, mandos policiales, cámaras empresariales y especialistas en criminología, con el fin de entregar una política criminal que brinde protección real a las víctimas.