29 de abril de 2026
Con la intención de garantizar la veracidad en la información gubernamental, el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente Flores, presentó una iniciativa para sancionar a los funcionarios públicos que difundan datos falsos a través de canales oficiales.
La propuesta contempla la adición del artículo 63 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, donde se establece como falta la difusión de información oficial falsa, manipulada o sin respaldo en datos verificables, siempre que esto afecte el interés público.
El planteamiento define como comunicación institucional toda aquella emitida por entes gubernamentales mediante conferencias, comunicados, plataformas digitales o cualquier medio en el que el servidor público actúe en el ejercicio de sus funciones.
Durante su exposición, el legislador panista argumentó que la iniciativa surge ante lo que consideró una práctica recurrente de difundir logros o avances que no corresponden con la realidad, particularmente en temas de obra pública e inversión.
“Las informaciones oficiales son para informar a la ciudadanía, y es necesario que se apeguen a la veracidad de los hechos; de lo contrario, deben existir sanciones para quienes incumplan con esta responsabilidad”, expresó.
Señaló que la ciudadanía tiene derecho a recibir información clara y verídica, por lo que esta reforma también busca abrir la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar cuando considere que un funcionario está faltando a la verdad en sus declaraciones oficiales.
De la Fuente Flores advirtió que las sanciones contempladas en la iniciativa son de carácter grave y podrían incluir la destitución del cargo para quienes incurran en este tipo de conductas, al considerar que la desinformación desde el poder público vulnera la confianza ciudadana.



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