CEDHNL exige reforzar seguridad en obras del Metro tras accidentes recientes

5 de mayo de 2026

Mientras las grúas y los trabajadores de Metrorrey aceleran el paso para cumplir con los plazos de entrega rumbo al Mundial 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha lanzado una alerta contundente: el desarrollo de infraestructura en el estado está ocurriendo a costa de la seguridad y la vida.

Mediante un comunicado oficial, el organismo defensor exigió la adopción inmediata de medidas de control ante lo que describe como un «patrón de riesgos» que ya no puede ser ignorado por las autoridades.

Un recuento de daños: Más que solo cifras

La urgencia de la CEDHNL no es infundada. El pasado 3 de mayo, la tragedia golpeó nuevamente las obras con la muerte de un trabajador en la Línea 6, en Apodaca. Sin embargo, el historial de negligencia documentado por la Comisión se extiende años atrás:

2023-2024: Las obras iniciaron sin permisos municipales, acumulando cuatro accidentes graves en un año.
2025: Se sumaron tres incidentes adicionales a la lista.
2026 (Año crítico): Solo en los últimos dos meses, se registró el colapso de una plataforma en la Línea 4 con cinco heridos (1 de marzo), el incendio de una torre de iluminación (5 de marzo) y la caída de un bloque de 2.4 toneladas sobre un auto particular (18 de abril).

Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, fue enfática al señalar que la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una presión que parece estar desplazando los protocolos de seguridad.

«La ejecución acelerada no puede justificar la omisión de medidas de seguridad ni la vulneración de derechos humanos», afirmó la ombudsperson, comparando la situación local con las denuncias internacionales de Amnistía Internacional durante el Mundial de Qatar 2022.

Cinco días para responder

La Comisión no solo ha pedido una revisión de los contratos con las empresas constructoras, sino que ha fijado un plazo de cinco días hábiles para que Metrorrey entregue un informe detallado sobre las acciones correctivas.

La exigencia es clara: se requiere una «debida diligencia reforzada» que garantice que ningún bloque de concreto vuelva a caer sobre un ciudadano y que ningún trabajador pierda la vida por cumplir con un calendario de obra. El organismo reiteró que el progreso del transporte no es válido si se vulnera la integridad y dignidad de las personas.