21 de mayo de 2026
El frente legal y político contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda se intensificó drásticamente en el Congreso de Nuevo León. En una jornada marcada por la confrontación de poderes, la Comisión de Anticorrupción aprobó abrir las investigaciones para tres juicios políticos en contra del mandatario estatal, al tiempo que la bancada del PRI denunció el «congelamiento» de fondos destinados a las familias más vulnerables del estado.
La ofensiva legislativa es encabezada por la diputada Armida Serrato Flores, presidenta de la mencionada comisión, quien confirmó que el órgano del Congreso se ha declarado en sesión permanente para desahogar las acusaciones que pesan sobre el titular del Ejecutivo.
El frente judicial: Las tres causas contra el Gobernador
A diferencia de otros choques políticos del pasado, la Comisión Anticorrupción arranca este proceso respaldada por sentencias previas de los más altos tribunales del país. El expediente contra García Sepúlveda se divide en tres bloques delictivos y administrativos:
- Delito electoral en el Senado: Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que acredita que el Gobernador metió las manos de forma indebida en la contienda de 2024 para favorecer a sus candidatos al Senado.
- Inequidad en la carrera presidencial: Un fallo judicial que determina que el mandatario utilizó su posición para desequilibrar la competencia en favor del entonces candidato presidencial de su partido, Jorge Álvarez Máynez.
- Desacato legislativo: La omisión sistemática de publicar en el Periódico Oficial del Estado los decretos y acuerdos aprobados por los diputados, un conflicto que ya escaló y fue revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«Esperamos que todas las autoridades colaboren de manera oportuna y transparente… cualquier información falsa por parte de funcionarios estatales podría derivar también en responsabilidades de juicio políticos», advirtió tajantemente Serrato Flores.
El Congreso enviará solicitudes de información al TEPJF, al Instituto Estatal Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Una vez que las dependencias respondan, la comisión tendrá un reloj en marcha de solo 10 días para emitir un informe previo del caso.
El drama social: Programas de asistencia, los «daños colaterales»
Mientras el Congreso cerca legalmente al Gobernador, la crisis política ya comenzó a pasarle factura a la ciudadanía. La misma diputada priísta denunció que el Gobierno del Estado mantiene retenidos y con un retraso alarmante los pagos de programas sociales clave.
Estrategias de subsistencia como Hambre Cero, Impulso a Cuidadoras, Jefas de Familia y los apoyos a Personas con Discapacidad se encuentran paralizados. Según las reglas del presupuesto estatal de 2025 (bajo la reconducción vigente), el dinero debió dispersarse en los primeros días de mayo. Con el mes casi por terminar, las cuentas de los beneficiarios siguen en cero.
El Legislativo lanzó una exigencia directa al Secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, para que libere los recursos de inmediato. La oposición alertó que la burocracia y el pleito político están golpeando directamente la mesa de los neoleoneses, afirmando que para miles de familias, el retraso de este apoyo significa, literalmente, la diferencia entre comer o no comer ese día.
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