28 de mayo de 2026
El Congreso del Estado dio un nuevo paso en los procedimientos de juicio político iniciados contra el Gobernador Samuel García, luego de que la Comisión Anticorrupción comenzara formalmente la etapa de integración de pruebas y diligencias mediante el envío de 59 oficios a distintas dependencias estatales, organismos electorales y autoridades jurisdiccionales.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada Armida Serrato Flores, informó que las solicitudes de información corresponden a tres expedientes legislativos que actualmente se encuentran en investigación y que fueron aprobados por los integrantes de la comisión el pasado 21 de mayo.
La legisladora explicó que el objetivo es reunir documentación oficial, informes técnicos, resoluciones judiciales y constancias administrativas que permitan fortalecer cada uno de los procedimientos antes de emitir un dictamen definitivo que eventualmente pueda ser turnado al Pleno del Congreso.
Serrato Flores señaló que durante la entrega de los oficios hubo resistencia de algunos funcionarios estatales para recibir la documentación enviada por el Poder Legislativo, particularmente en el caso de la Secretaría de Finanzas. No obstante, aseguró que finalmente los requerimientos fueron entregados a todas las dependencias involucradas.
“Puedo informar en este momento que ya se remitieron los oficios correspondientes que aprobó la Comisión Anticorrupción respecto a los tres acuerdos para iniciar juicios políticos al Ejecutivo Estatal”, declaró la diputada.
Añadió que una vez que las dependencias respondan a los requerimientos, la comisión elaborará un informe previo en el que se analizarán los elementos obtenidos y se determinará si existen pruebas adicionales que deban incorporarse a los expedientes.
La presidenta de la comisión precisó que las autoridades requeridas cuentan con un plazo de seis días hábiles para entregar la información solicitada, conforme a lo establecido en la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y el Código Civil vigente.
Entre las dependencias estatales a las que se enviaron oficios se encuentran la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Participación Ciudadana, Igualdad e Inclusión, Educación, Cultura, Trabajo, Economía, Movilidad y Planeación Urbana, Medio Ambiente y Salud.
Asimismo, fueron requeridas áreas como la Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera, la Secretaría de Administración, Turismo, la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Secretaría de Seguridad.
La Comisión Anticorrupción también solicitó información al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Oficina de Comunicación Social del Ejecutivo estatal, entre otras instancias.
Los requerimientos incluyen documentación relacionada con procedimientos sancionadores electorales, controversias constitucionales, resoluciones judiciales y presuntas omisiones administrativas atribuidas al Gobierno estatal.
Uno de los expedientes abiertos contra Samuel García está relacionado con resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral federal, donde se determinó una presunta intervención indebida del mandatario en el proceso electoral para el Senado de la República en 2024, al favorecer supuestamente a candidatos vinculados con Movimiento Ciudadano.
Otro de los procedimientos se desprende de señalamientos sobre posibles violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante la contienda presidencial, debido a expresiones y acciones atribuidas al Gobernador en apoyo al entonces candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.
Además, el Congreso mantiene abierta otra investigación relacionada con la presunta omisión del Ejecutivo estatal de publicar decretos y acuerdos aprobados por el Poder Legislativo, asunto que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que resolvió a favor del Congreso local.
Los expedientes identificados con los números 18849/LXXVII, 18859/LXXVII y 16283/LXXVII permanecen actualmente en etapa de investigación y análisis dentro de la Comisión Anticorrupción, la cual prevé avanzar hacia la elaboración de los dictámenes correspondientes una vez concluida la recopilación de pruebas.
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