24 de junio de 2026
El notario público número 56, Sergio Gil Valdez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que busca otorgar facultades a los notarios para celebrar matrimonios civiles y realizar divorcios en casos específicos, con el objetivo de simplificar trámites y reducir la carga de trabajo del Registro Civil y del Poder Judicial.
El planteamiento fue entregado este miércoles en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y contempla cambios al Código Civil de Nuevo León, a la Ley del Notariado estatal y a la Ley del Registro Civil.
De acuerdo con la propuesta, los notarios podrían intervenir tanto en la celebración del matrimonio como en la disolución del vínculo matrimonial, siempre que exista acuerdo entre las partes y no se presenten situaciones de violencia familiar, abuso, maltrato o hechos vinculados con materia penal.
Sergio Gil explicó que en los casos donde se detecten estos factores de riesgo, el trámite no podría ser atendido por un fedatario, por lo que tendría que canalizarse directamente ante un juez o la autoridad competente.
El fedatario sostuvo que el matrimonio, desde la perspectiva del Código Civil, es un contrato que establece la sociedad conyugal, lo que —dijo— permitiría a los notarios participar en su formalización y disolución bajo condiciones controladas.
Asimismo, señaló que la medida contribuiría a despresurizar al Registro Civil y al Poder Judicial, al permitir que estos organismos concentren sus recursos en asuntos que requieren mayor intervención jurisdiccional.
Argumentó que el crecimiento poblacional en Nuevo León ha incrementado tanto los matrimonios como los divorcios, lo que ha generado una mayor carga administrativa.
Datos del INEGI indican que en 2024 se registraron 26 mil 174 matrimonios en la entidad. En paralelo, el Poder Judicial reportó un promedio de 48 juicios diarios de divorcio incausado ese mismo año, cifra que descendió a 37 en 2025.
Para 2026, las estimaciones apuntan a que entre 14 mil y 17 mil familias podrían verse involucradas en procesos de divorcio, lo que, según el promovente, refuerza la necesidad de mecanismos alternativos para agilizar estos procedimientos cuando no existen conflictos legales entre las partes.
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