26 de junio de 2026
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó ampliar la investigación relacionada con el juicio político promovido contra el gobernador Samuel García, al autorizar una serie de diligencias dirigidas a recabar información financiera, fiscal y administrativa que permita esclarecer una presunta triangulación de recursos públicos.
Con una votación de nueve diputados a favor, uno en contra y una abstención, los integrantes de la Comisión acordaron requerir información a 69 dependencias y organismos de los ámbitos estatal y federal, además de instituciones educativas y los 12 proveedores mencionados en la denuncia.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada Armida Serrato Flores, explicó que entre las instancias que serán consultadas se encuentran el Instituto Registral y Catastral, la Contraloría General del Estado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Economía federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La legisladora señaló que la intención es obtener documentación relacionada con movimientos fiscales, registros de transferencias y declaraciones anuales para conocer el recorrido de los recursos involucrados y determinar si existieron irregularidades en su manejo.
Durante la sesión también se dio a conocer parte de la respuesta presentada por el gobernador Samuel García dentro del procedimiento. De acuerdo con Serrato Flores, el mandatario sostiene que el dinero deja de ser recurso público una vez que el Estado liquida el pago a un proveedor privado, por lo que, desde ese momento, el destino de esos recursos queda fuera del ámbito de revisión de las autoridades.
«Él señala que los supuestos recursos a que se hace alusión, en todo caso, no son públicos, pues al entrar al patrimonio de los proveedores adquieren la connotación de privados y, por ende, lo que se realice con posterioridad se encuentra fuera del escrutinio público», expuso la diputada.
La Comisión informó además que las dependencias y organismos requeridos contarán con un plazo de seis días hábiles para entregar la información solicitada, una vez que reciban la notificación correspondiente.
En la misma sesión se resolvió que la petición del Gobernador para suspender el procedimiento mientras se atienden incidentes de previo y especial pronunciamiento será analizada en la etapa procesal que corresponda. Sin embargo, los diputados precisaron que dichos recursos no detienen el desarrollo del juicio político, conforme a la legislación vigente y a criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como parte de los acuerdos, la Comisión también solicitará al Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León la designación de un abogado de oficio que represente a Samuel García durante el desarrollo del procedimiento.
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