📅 23 de julio de 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigación relacionada con un supuesto esquema de huachicol fiscal.
La resolución judicial también incluye a otras siete personas, entre ellas los empresarios Ricardo «N» y José «N», quienes permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Juez ratifica prisión preventiva
De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso a los imputados y ratificar la medida cautelar de prisión preventiva.
Con esta decisión, Ernesto Ruffo Appel permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Además del exmandatario, fueron vinculados a proceso:
- Juan «N» y Luis «N», por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
- José María «N», Guillermo «N» y Adriana «N», por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Investigación apunta a presunto esquema de huachicol fiscal
Según la Fiscalía, la investigación fue desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y está relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Las autoridades sostienen que los imputados habrían participado en un esquema conocido como huachicol fiscal, consistente en ingresar combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas.
De acuerdo con la FGR, este mecanismo permite reportar menores volúmenes de hidrocarburos o declarar el combustible como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos.
FGR advierte afectaciones económicas
La dependencia señaló que este tipo de operaciones genera pérdidas millonarias para las finanzas públicas y representa una fuente de ingresos para grupos delictivos.
No obstante, recordó que todas las personas involucradas gozan de la presunción de inocencia, por lo que su responsabilidad penal únicamente podrá determinarse mediante una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.
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