📅 Viernes 9 de octubre de 2026
Con la finalidad de fortalecer los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios, brindar certeza jurídica y evitar largos juicios en el sector público, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado.
La propuesta, entregada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, busca corregir un vacío normativo actual en los procesos de separación laboral, alineando la legislación local con los criterios y la jurisprudencia emitidos a nivel nacional.
⚖️ Proponen opción de reinstalación o indemnización ante despidos injustificados
Treviño Cantú explicó que la ley estatal vigente prohíbe que los trabajadores de base sean cesados sin causa justificada, pero carece de claridad respecto a las opciones de resolución cuando esto ocurre, lo que suele derivar en litigios prolongados.
“Con esta reforma pretendo subsanar un vacío legal y establecer condiciones de mayor certidumbre para resolver las controversias derivadas de juicios por separación injustificada de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios”, precisó el diputado.
La iniciativa contempla la adición del artículo 39 Bis 1 a la Ley del Servicio Civil, permitiendo que las y los empleados de base afectados por un eventual despido injustificado puedan elegir formalmente entre la reinstalación en su puesto de trabajo o recibir una indemnización conforme a la ley.
“Actualmente, la Ley del Servicio Civil establece que los trabajadores de base no pueden ser cesados sin una causa justificada, pero no contempla la opción de reinstalación como una opción, y es lo que se busca a la luz de la jurisprudencia que ya existe a nivel nacional”, detalló el coordinador priista.
📜 Reglas claras para evitar pleitos legales desgastantes
El legislador enfatizó que la falta de procedimientos claros en el marco legal actual ha perjudicado tanto a la administración pública como a los servidores públicos, provocando costos financieros adicionales e incertidumbre para ambas partes.
“El objetivo es que las autoridades y los servidores públicos cuenten con reglas claras que les permitan conocer sus derechos y obligaciones, facilitando la resolución de conflictos y evitando que las diferencias terminen en largos procesos judiciales”, concluyó Treviño Cantú.
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