Acusa Lorena de la Garza presión financiera del Gobierno estatal contra órganos autónomos

20 de enero de 2026

La presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Lorena de la Garza, acusó al Gobierno de Nuevo León de pretender utilizar la reconducción presupuestal de 2026 como un mecanismo de presión política y financiera contra los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos.

La legisladora afirmó que el Ejecutivo estatal no tiene sustento legal para aplicar dicha figura, ya que el Congreso aprobó en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos el 17 de diciembre de 2025. Añadió que el veto emitido posteriormente por el gobernador Samuel García se realizó fuera del plazo establecido, por lo que, sostuvo, no puede justificar la reconducción.

De la Garza advirtió que desde el Gobierno estatal se intenta presentar como una situación ordinaria lo que, en realidad, representa una decisión discrecional que vulnera el marco legal. Señaló que esta práctica genera incertidumbre institucional y pone en riesgo el funcionamiento de áreas estratégicas para el estado.

Indicó que los efectos de la reconducción no se limitan a los organismos autónomos, sino que impactan de manera general al ejercicio del gasto público. Como muestra, explicó que en la primera ministración de recursos de este año se asignó un monto menor al que correspondía incluso con base en el presupuesto de 2025, lo que implica un recorte adicional a dependencias e instituciones.

La diputada también sostuvo que la intención de reducir recursos a órganos como la Auditoría Superior del Estado y el Instituto Estatal de Transparencia refleja un intento por debilitar los contrapesos, precisamente cuando han sido estas instancias las que han documentado presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, incluyendo posibles desvíos y prácticas indebidas.

En ese contexto, manifestó su inquietud por las consecuencias que esta política presupuestal tendría para el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, al advertir que la falta de recursos compromete la impartición de justicia y la estrategia de seguridad en la entidad. Cuestionó que se convoque a mesas de coordinación mientras se limita financieramente a las instituciones encargadas de garantizar la legalidad.

Lorena de la Garza enfatizó que la ciudadanía debe conocer el alcance del conflicto presupuestal y las implicaciones de las decisiones del Ejecutivo, al considerar que se está afectando la autonomía de poderes que no están sujetos al control del gobernador. Aseguró que el Congreso mantendrá su postura en defensa del marco constitucional y de la legalidad en el ejercicio del gasto público.