15 de marzo de 2026
Con el objetivo de brindar certeza jurídica y facilitar el acceso a programas de apoyo gubernamentales a integrantes de la familia extensa que tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes con ausencia parental, la diputada del Partido Acción Nacional, Itzel Castillo Almanza, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León.
El dictamen fue aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria celebrada el miércoles pasado en el Congreso del Estado de Nuevo León.
La reforma contempla modificaciones a las fracciones I y II, además de la adición de una fracción III al artículo 11 de la legislación, con el propósito de reconocer como población prioritaria a las personas de la familia extensa que tengan bajo su custodia o tutela legal a niñas, niños y adolescentes que enfrentan ausencia parental.
De acuerdo con la iniciativa, se entenderá por familia extensa aquella contemplada en la fracción XVII del artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León.
La legisladora explicó que actualmente la Ley de Desarrollo Social reconoce diversas poblaciones prioritarias dentro de la política social del estado; sin embargo, no incluye de forma expresa a la familia extendida que asume la custodia o tutela legal de menores en situación de ausencia parental.
“Esta omisión limita su acceso a programas y apoyos gubernamentales diseñados para atender contextos de vulnerabilidad”, señaló Castillo Almanza.
La diputada agregó que la falta de reconocimiento normativo genera un vacío legal que invisibiliza a las familias cuidadoras y complica la implementación de políticas públicas que fortalezcan su capacidad para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad.
Asimismo, la también presidenta de la actual legislatura aclaró que el reconocimiento de la familia extendida como población prioritaria no implica la creación automática de nuevos programas sociales.
Explicó que la medida permitirá incorporar un enfoque de atención diferenciada para que las autoridades competentes diseñen e implementen acciones conforme a reglas de operación, criterios de elegibilidad y disponibilidad presupuestal.
“La reforma contribuirá a fortalecer el tejido social, prevenir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes y garantizar su permanencia en entornos familiares”, afirmó.
Castillo Almanza subrayó que la iniciativa es congruente con los objetivos de la política de desarrollo social del estado y con la necesidad de proteger el interés superior de la niñez desde una perspectiva integral.


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