3 de febrero de 2026
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley de Seguridad Pública para establecer la capacitación obligatoria de los elementos policiales en materia de justicia cívica y resolución de conflictos, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la atención a la ciudadanía.
La iniciativa fue impulsada por el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, y quedó asentada en el Expediente Legislativo 20434/LXXVII, el cual fue presentado ante el Pleno por el diputado Javier Caballero Gaona, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.
De acuerdo con el dictamen aprobado, los cuerpos de seguridad deberán contar con herramientas de diálogo, mediación y atención de conflictos comunitarios, a fin de fomentar una cultura de prevención de infracciones administrativas y delitos, así como coadyuvar en la aplicación de la justicia cívica.
El Decreto establece que la capacitación policial deberá enfocarse en la solución de conflictos menores y en la aplicación de métodos alternos de resolución de controversias, sin descuidar el diseño de estrategias operativas para la prevención y combate de delitos de mayor gravedad que atenten contra la seguridad de las personas.
Asimismo, la reforma faculta al Consejo de Coordinación del sistema de seguridad para incorporar, dentro de sus atribuciones, la capacitación del personal policial en justicia cívica y mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Durante la discusión legislativa, también se avaló una propuesta de la Coordinadora del Grupo Legislativo del PRD, Perla Villarreal Valdez, mediante la cual se amplían las atribuciones de las instituciones policiales para que integren, en sus acciones de prevención, la promoción de la justicia cívica y la solución pacífica de controversias, en estricto apego a los derechos humanos y a los principios constitucionales que rigen la función de seguridad pública.
El Congreso precisó que la reforma no convierte a los policías en mediadores formales, sino que refuerza su papel como primer contacto con la ciudadanía, permitiéndoles actuar como agentes de prevención, desactivación temprana de conflictos y canalización de los casos hacia las instancias competentes.
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