La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de los superdelegados del gobierno federal, cuya legitimidad había sido impugnada por legisladores y partidos de oposición, así como por el gobierno de Michoacán.
Desde el martes de la semana pasada, el pleno de ministros comenzó a analizar el tema, pero al votar quedaron empatados a cinco, resultado que era suficiente para declarar infundada la impugnación. Sin embargo, decidieron esperar a que regresara la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien se encontraba en comisión oficial, para ver si reunían una mayoría de seis votos, lo que permitió declarar la validez de los superdelegados.
Al argumentar su voto, la ministra Ortiz señaló que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), vigentes desde el 30 de noviembre de 2018, no transgreden el principio constitucional del federalismo.
Además, explicó que la actividad de los superdelegados está claramente definida dentro de las atribuciones de la Secretaría del Bienestar y comprenden la implementación de planes y programas de beneficio social para la población con base en los recursos asignados por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para cerrar el debate sobre este tema, el pleno de ministros también desechó por mayoría de diez votos la controversia constitucional promovida por el gobierno de Michoacán en contra de las reformas a la LOAPF, al señalar que esta norma no invadió ninguna de las facultades legales de la administración estatal.
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