El gobierno de México presentó una denuncia civil ante la corte de Miami, Florida, en Estados Unidos, por medio de la cual busca recuperar un conjunto de propiedades y activos que se habrían adquirido Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, así como prestanombres y familiares, a través de contratos públicos ilegales en los sectores de seguridad y defensa nacional.
“La acción presentada cubre a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales”, detalló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Horas antes, su titular Santiago Nieto Castillo había adelantado en una columna publicada en La Jornada, que estos esquemas de lavado de dinero tuvieron origen en México, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Por ello se presenta esta primera demanda en Estados Unidos, en colaboración con las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad y Protección Ciudadana.
Se consultó a la UIF cuántas personas están bajo demanda y si hay otros exfuncionarios públicos en la acusación. Respondió que no se pueden dar más datos al respecto. Aparte, informó que el litigio acusa a los demandados de integrar “un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”.
La unidad que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público agregó que la mayoría de las empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio se encuentran en Miami, por ello se presentó ahí la denuncia. Se les vincula con García Luna, ahora preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, por un esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional.
El vehículo de la demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida —en un inicio usada para enjuiciar a la mafia y a organizaciones criminales—, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros delitos, detalló la UIF.
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