La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha solicitado formalmente al Congreso del Estado la comparecencia del Secretario de Seguridad estatal, debido al incumplimiento de 10 recomendaciones previamente aceptadas. Esta solicitud busca que las autoridades expliquen las razones detrás de la falta de acción, con el objetivo de asegurar la reparación integral de los derechos de las víctimas.
La presidenta de la CEDHNL, Dra. Susana Méndez Arrellano, presentó la solicitud acompañada por víctimas de las violaciones a derechos humanos, quienes esperan que las autoridades cumplan con medidas pendientes como indemnizaciones, reembolsos de gastos funerarios, disculpas públicas, y la implementación de protocolos y políticas públicas para evitar la repetición de estos actos.
Pese a que la Comisión ha emitido más de 180 requerimientos, ninguna de las recomendaciones ha sido cumplida en su totalidad. El caso más antiguo data de hace 10 años, cuando elementos de Fuerza Civil dispararon contra un hombre durante una persecución, resultando en su muerte.
Entre los casos más graves está el de un menor de edad que murió el 3 de octubre de 2016, después de ser rociado con tolueno y recibir descargas eléctricas de policías de Fuerza Civil, lo que provocó que se incendiara. Otro caso incluye la violación sexual de una mujer por parte de elementos de la misma corporación, considerada como tortura.
El caso más reciente involucra una manifestación el 10 de abril de 2022 en la Explanada de los Héroes, en protesta por los feminicidios en el estado. La recomendación pedía una disculpa pública a las víctimas, pero estas expresaron su inconformidad porque no se realizó de acuerdo con los términos acordados, lo que comprometió el efecto reparador de la medida.
La CEDHNL ha expresado su preocupación por la indiferencia ante violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, y agresiones contra la prensa. La Comisión ha solicitado la intervención del Congreso del Estado para que, conforme al marco constitucional y legal, se exijan cuentas a las autoridades responsables y se garantice la protección y reparación de las víctimas.
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