Más de 170 reclusos condenados a muerte fueron trasladados desde la capital de Congo a una prisión de alta seguridad en el norte, donde serán ejecutados, según informaron las autoridades congoleñas.
Setenta de los condenados fueron transportados el domingo, indicó el ministro de Justicia de Congo, Constant Mutamba, sumándose a otros 102 prisioneros que ya habían sido enviados a la prisión de Angenga, ubicada en la provincia de Mongala, al norte del país.
Los hombres, conocidos localmente como «Kulunas» o «bandidos urbanos,» fueron condenados por robo armado y tienen edades que oscilan entre los 18 y los 35 años, según un comunicado de Mutamba. Sin embargo, el funcionario no precisó cuándo se llevarán a cabo las ejecuciones.
La medida ha generado opiniones divididas. Algunos la consideran un paso necesario para restablecer el orden y la seguridad en las ciudades, mientras que otros expresan preocupaciones por posibles abusos y violaciones a los derechos humanos.
“Damos la bienvenida a esta decisión del ministro porque ayudará a poner fin al crimen urbano. Después de las 8 p.m., no puedes moverte libremente por temor a encontrarte con un Kuluna,” dijo Fiston Kakule, residente de la ciudad oriental de Goma.
Por otro lado, el activista de derechos humanos Espoir Muhinuka advirtió sobre la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y subrayó la necesidad de respetar estrictamente los procedimientos judiciales y las garantías fundamentales. También expresó su preocupación de que la presión política pueda llevar a condenas injustas y ejecuciones arbitrarias.
“La situación en la República Democrática del Congo es compleja y requiere un enfoque multidimensional. La lucha contra las pandillas urbanas debe ir de la mano con esfuerzos para combatir la pobreza, el desempleo y la exclusión social, que a menudo son factores que contribuyen al crimen,” afirmó.
Congo abolió la pena de muerte en 1981, pero esta fue reinstaurada en 2006. La última ejecución se llevó a cabo en 2003.
En marzo de 2024, el gobierno congoleño anunció la reanudación de la pena capital en casos de traición por parte de personal militar. En mayo, ocho soldados fueron condenados a muerte, y en julio, otros 25 soldados fueron declarados culpables de delitos similares. Sin embargo, no se tiene constancia de que alguno haya sido ejecutado hasta ahora.
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