Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en el Congreso del Estado de Nuevo León han expresado de manera firme su demanda al gobierno local para que respete los principios fundamentales de institucionalidad y legalidad en el proceso de nombramiento del Gobernador interino. Haciendo hincapié en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que han dejado claro que el Congreso de Nuevo León es la única entidad con la atribución de designar al Gobernador interino.
La interpretación manipulada del gobierno estatal sobre las normas legales busca confundir y dividir a la sociedad. Dada la situación crítica del estado debido a decisiones problemáticas de Samuel García, generar una violación a la Constitución solo empeoraría la situación actual.
Es crucial destacar que el gobierno estatal ha utilizado el presupuesto como herramienta de presión sobre los municipios. Un fondo de 2 mil 500 millones de pesos aprobado para proyectos municipales prioritarios en seguridad e infraestructura permanece sin liberar, utilizándolo como medio de presión para imponer al Gobernador interino. Esta omisión afecta directamente a cientos de miles de personas, siendo un acto irresponsable con consecuencias jurídicas.
Se exige el cese definitivo del uso político de las autoridades estatales contra aquellos que no se someten a la voluntad gubernamental. La persecución política es evidente en Nuevo León, y se espera que la designación del Gobernador Interino vaya de la mano con el compromiso de poner fin a esta persecución y garantizar plenamente el respeto a los derechos políticos y humanos.
Aceptar el diálogo no significa aceptar cualquier cosa. Los legisladores de oposición demandan un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población. Enfatizan que la ley no es negociable, sino un compromiso que debe cumplirse.
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