Diputado Armando Víctor Gutiérrez propone mayor castigo por fraudes a adultos mayores

14 de enero de 2026

Ante el crecimiento de los fraudes cometidos a través de medios digitales, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, presentó una iniciativa para modificar el artículo 385 del Código Penal de Nuevo León, con el fin de fortalecer las sanciones en este tipo de delitos, especialmente cuando las víctimas son personas adultas mayores.

La propuesta establece que las penas por fraude puedan incrementarse hasta en una mitad cuando el engaño se realice mediante el uso de tecnologías de la información, plataformas electrónicas, medios digitales o cualquier recurso tecnológico. De igual forma, se plantea el mismo aumento en los casos en que el delito se cometa en perjuicio de personas de 60 años o más.

El legislador señaló que, si bien el fraude ya se encuentra previsto en la legislación estatal, las nuevas dinámicas sociales y económicas han propiciado la aparición de mecanismos de engaño más complejos, los cuales permiten a los responsables operar con mayor alcance y dificultan la identificación de quienes cometen estos delitos.

Gutiérrez destacó que los adultos mayores enfrentan una mayor exposición a este tipo de prácticas ilícitas, debido a factores como la brecha digital, la confianza en terceros y, en algunos casos, situaciones de dependencia económica o emocional. Indicó que las consecuencias del fraude en este sector trascienden el ámbito económico y afectan directamente su bienestar y dignidad.

Aclaró que la iniciativa no busca modificar la figura jurídica del fraude ni incorporar nuevas agravantes, sino establecer criterios precisos para la individualización de las penas, en apego al principio de legalidad penal y sin alterar la estructura del Código Penal. Asimismo, se prevé que el uso de medios tecnológicos y la condición de adulto mayor de la víctima puedan coincidir sin generar duplicidad de sanciones ni inconsistencias en el sistema penal.

El diputado subrayó que la intención de la reforma es lograr una respuesta legal más proporcional y justa frente a conductas que actualmente generan un mayor daño social, garantizando al mismo tiempo la protección del patrimonio de las personas.