Ejidatarios de Hidalgo exigen freno a urbanización y pago por uso de tierras

2 de diciembre de 2025

Después de más de dos décadas de litigios, cerca de 400 ejidatarios del Ejido Potrero Chico, en Hidalgo, Nuevo León, volvieron a alzar la voz para exigir que se respeten las resoluciones agrarias que reconocen su propiedad sobre 8 mil 390 hectáreas que, aseguran, han sido utilizadas ilegalmente por distintos gobiernos municipales y estatales.

Los comuneros denuncian que, desde hace casi 30 años, sus terrenos han sido fraccionados en colonias y lotes urbanos sin su consentimiento, pese a que el decreto presidencial que dio origen al Ejido continúa vigente. Afirman que la urbanización irregular ha sido promovida por autoridades locales y aprovechada por particulares.

De acuerdo con su representante legal, Francisco López Salinas, el Tribunal Agrario ha emitido múltiples fallos que ratifican la existencia jurídica del Ejido y ordenan detener la venta de nuevos predios, además de establecer la obligación de indemnizar a los propietarios por las áreas ya ocupadas.

“Hay personas que venden terrenos sin tener derechos, apoyados por una red de intereses que habilita servicios públicos en zonas que no pueden urbanizarse”, sostuvo López Salinas, quien acusó la participación de una “mafia de bienes raíces”.

Los ejidatarios también señalaron a la alcaldesa Adriana Margarita Garza por presuntamente desacatar órdenes judiciales al continuar autorizando planos para nuevas construcciones, a pesar de las resoluciones que le prohíben hacerlo.

Ante este escenario, solicitaron al Congreso de Nuevo León intervenir para garantizar que el Gobierno del Estado y dependencias federales reconozcan plenamente sus derechos y gestionen el pago de la indemnización correspondiente, que podría superar los 100 mil millones de pesos según estimaciones del valor actual de las tierras.

Además, informaron que el senador Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, se comprometió a impulsar gestiones ante el Gobierno Federal para atender un conflicto que, afirmaron, mantiene a más de 30 mil familias sin certeza jurídica sobre la propiedad de sus viviendas y negocios.