01 de abril de 2025
El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó en primera vuelta la Ley 3 de 3, una reforma constitucional que busca impedir que personas deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales o que hayan cometido violencia familiar puedan ocupar cargos públicos o de elección popular en la entidad.
La iniciativa fue presentada en tribuna por la diputada Armida Serrato, quien expuso el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. La reforma contempla modificaciones a varios artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, entre ellos el 56, 71, 118, 136, 144, 158 y 172, así como el artículo 162, al que se le añade un inciso.
La diputada Serrato explicó que la reforma tiene como objetivo suspender los derechos ciudadanos de aquellas personas que hayan cometido delitos de violencia familiar, agresiones sexuales o violencia contra mujeres en cualquiera de sus formas, así como de quienes sean deudores alimentarios morosos. Estos requisitos impedirán el acceso a cargos de elección popular o la ocupación de algún puesto público.
“Esta reforma envía un mensaje claro, quienes violenten los derechos humanos no pueden ni deben gobernar”, subrayó la legisladora durante su intervención.
El dictamen fue aprobado por unanimidad por los diputados, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y el incumplimiento de obligaciones alimentarias en el estado.
La Ley 3 de 3 se enmarca en un esfuerzo nacional para evitar que quienes tengan antecedentes de violencia o incumplimiento de responsabilidades familiares ocupen puestos de poder. Con esta reforma, Nuevo León se suma a los estados que buscan garantizar que los derechos humanos sean una prioridad en el servicio público.
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