19 de enero de 2026
El cobro del refrendo a vehículos eléctricos e híbridos que actualmente aplica el Gobierno de Nuevo León es ilegal y vulnera la certeza jurídica de los ciudadanos, advirtió la diputada local Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, tras el veto del Ejecutivo a la Ley de Ingresos 2026.
La legisladora explicó que dicho ordenamiento era el único instrumento legal que contemplaba ese concepto de cobro, por lo que, al haber sido vetado por el propio Ejecutivo estatal, ninguna de sus disposiciones puede entrar en vigor ni aplicarse. En ese sentido, sostuvo que no existe fundamento jurídico que respalde el pago exigido a los propietarios de este tipo de vehículos.
De la Garza afirmó que vetar una ley implica su inexistencia legal, por lo que resulta contradictorio que el Gobierno del Estado pretenda aplicar cobros derivados de una norma que decidió rechazar. “No se puede vetar la Ley de Ingresos y, al mismo tiempo, cobrar conceptos que solo estaban contenidos en ella”, subrayó.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto puntualizó que el tema no debe reducirse a un debate fiscal o ambiental, sino que se trata de un asunto de legalidad y respeto al Estado de Derecho, ya que los cobros sin una ley vigente representan una afectación directa a los derechos de los ciudadanos.
Advirtió además que permitir este tipo de prácticas abre la puerta a que, en el futuro, cualquier persona pueda ser sujeta a cobros arbitrarios sin respaldo legal. “Hoy afecta a quienes tienen vehículos eléctricos e híbridos, pero mañana puede afectar a cualquier ciudadano en cualquier otro rubro”, señaló.
Ante este escenario, la diputada hizo un llamado directo al Ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Samuel García, para que suspenda de manera inmediata el cobro del refrendo y actúe conforme al marco constitucional y legal vigente.
Finalmente, Lorena de la Garza sostuvo que la legalidad no puede aplicarse de forma discrecional, ya que el respeto a la ley es la base de la estabilidad institucional y de la confianza ciudadana en Nuevo León.


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