Manuela García
Monterrey, NL 28 de Noviembre/2024
Monterrey.- El Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León coincidieron que podrían entrar en una crisis financiera ante la disminución de recursos en las solicitudes que presentaron al Estado como parte de sus presupuestos para el 2025.
Durante la mesa de trabajo «Paquete Fiscal» organizada por la Comisión de Presupuesto del Congreso Local, los titulares de los organismos autonomos demandaron mayores recursos en la asignación del presupuesto para el próximo año.
El magistrado José Arturo Salinas Garza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia mencionó que en la propuesta de presupuesto presentada por el Gobierno del Estado se incluyeron 3 mil 175 millones, lo que representa 37 millones menos, al recalcar que el solicitado por el Poder Judicial es el mínimo indispensable para operar, pues el rubro de servicios personales es prácticamente el 90 por ciento del presupuesto de gasto corriente.
«La consecuencia de no tener el gasto corriente es que vamos a colapsar el sistema de justicia. Nos ha ayudado muchísimo que operamos virtual porque eso nos ahorra personal, nos ahorra recursos, nos ahorra tiempo. Tenemos áreas donde podemos hacer ahorros, pero se está complicando cada día más la operación. Hoy ya tenemos una deficiencia en compra de papelería, suministros y materiales, servicios generales”,precisó Salinas Garza.
Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia en el Estado solicitó 4 mil 560 millones de pesos, más 570 millones para proyectos como un nuevo centro de justicia para mujeres y una academia de formación.
«La Fiscalía enfrenta un grave déficit de personal, con ministerios públicos atendiendo hasta 270 carpetas de investigación cada uno, lo que retrasa significativamente la impartición de justicia», mencionó.
El Auditor Superio del Estado, Alejandro Reynoso Gil, demando como parte del presupuesto para el próximo año alrededor de 669 millones de pesos.
Sin embargo el Estado solo contemplo para la dependencia f 475 millones, comprometiendo la operación de un laboratorio para fiscalizar obraa de pavimentación.
Olga Méndez, presidenta de la CEDH, afirmó que necesitan 138 millones de pesos para atender la creciente carga laboral, frente a los 121 millones presupuestados. Brenda González, de InfoNL, y Eduardo Bautista, del TEE, solicitaron ajustes para garantizar la transparencia y la operación electoral, respectivamente.
La Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ,Beatriz Adriana Camacho Carranco, confirmó que el Estado adeuda 196 millones de pesos al organismo y que de no recibirlos tendrán que reclamarlos por la vía legal ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Indicó que como el recurso aplicado es recurrente, ya no cuentan con recursos para hacer frente a la segunda quincena del mes de diciembre.
Incluso – dijo- se habló con los partidos políticos para explicarles la situación de la falta de recursos, debido a que el Gobierno estatal no los ha entregado al instituto electoral
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