Plantea Luis Susarrey empresa pública para solución de problemática del transporte

Para solucionar la peor crisis del transporte en Nuevo León, el Diputado del PAN, Luis Susarrey Flores propuso la creación de una empresa pública que capte inversión privada para mejorar el servicio y las rutas.

Se trata de una reforma a un párrafo del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado, referente al derecho humano a la movilidad.

“Estamos proponiendo la creación de una empresa pública que pueda captar inversión privada como sucede en las ciudades Londres y Madrid que se crea una especie de consorcio que agrupa a todos los medios de transporte público y en el que los transportistas tienen la oportunidad de ser socios”, explicó Luis Susarrey sobre su propuesta.

“Se crea una empresa pública a través de una reforma constitucional de ahí se deriva después le y orgánica y en esa empresa pública los transportistas que quieran van a tener la opción de asociarse hasta un 49 por ciento 51-49 el gobierno 51 y de esta manera ambos toman las decisiones en conjunto la empresa permite captar recurso privado por ejemplo de las empresas”, agregó.

Susarrey Flores aseguró que el modelo propuesto ha sido exitoso en otras ciudades del mundo.

“La clave está en que los sistemas de transporte público sean sostenibles y rentables, que el transportista genere utilidad y que haya una relación proveedor- cliente en el que el cliente exija de un mejor servicio y si no el cliente cambie de proveedor. Es un tema de mercado y perfectamente estudiado que se ha aplicado en muchas ciudades del mundo y que ha tenido mucho éxito”, manifestó el Diputado albiazul.

“Una cooperativa para no pelear las rutas porque las rutas hoy se asignan por criterios y favores políticos y no técnicos”, puntualizó Luis Susarrey.

Resaltó que con la propuesta, los actuales operadores del transporte público en la entidad, podrían hacerse socios de la empresa o retirarse y no prestar el servicio.

En la iniciativa se señala que la empresa pública estará a cargo de un Consejo en el que participarán tanto representantes de Gobierno como de los prestadores de servicio de transporte público y será administrada por una Dirección General.