Presupuesto 2026 fortalece a municipios y evita alzas fiscales, afirma Lorena de la Garza

17 de diciembre de 2025

En una sesión marcada por el debate político y la confrontación con el Ejecutivo estatal, el Congreso de Nuevo León avaló los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, un documento que, de acuerdo con la diputada Lorena de la Garza, responde a un enfoque municipalista y de disciplina financiera, tras un proceso de análisis que se extendió por varios meses.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó que el paquete aprobado dejó fuera las principales propuestas recaudatorias del gobernador, entre ellas el aumento del 33 por ciento al Impuesto Sobre Nómina y los incrementos de hasta 200 por ciento en más de 70 derechos, medidas que, sostuvo, habrían afectado directamente al sector productivo, en especial a pequeños comercios y emprendedores.

De igual forma, el Congreso decidió no autorizar nueva deuda pública, al considerar que el Ejecutivo no presentó la información técnica necesaria para sustentar la contratación de financiamientos adicionales. En el mismo sentido, fueron rechazadas las modificaciones al Código Fiscal del Estado que, a juicio de la mayoría legislativa, otorgaban un margen excesivo de discrecionalidad a la autoridad hacendaria.

El Paquete Fiscal 2026 prevé ingresos por más de 160 mil millones de pesos, la cifra más alta registrada en la entidad, e incorpora cambios a la Ley de Coordinación Hacendaria que buscan dotar a los municipios de mayores recursos para atender demandas en materia de seguridad, servicios públicos y obra social.

Pese a la aprobación legislativa, Lorena de la Garza advirtió que Nuevo León podría iniciar el próximo año sin un presupuesto actualizado, al acusar al gobernador de obstaculizar la publicación de los dictámenes en el Periódico Oficial del Estado mediante el adelanto de vacaciones de su personal, a pesar de que dicho órgano tiene carácter permanente.

“La discusión ha sido abierta y pública, con la participación de cámaras empresariales, asociaciones civiles y organismos autónomos. Lo que hoy vemos es una decisión política para no cumplir con la ley”, afirmó la diputada, quien subrayó que esta omisión generaría incertidumbre financiera y jurídica en la entidad.

Ante este escenario, la legisladora informó que el Congreso analiza las vías legales para obligar al Ejecutivo a cumplir con su obligación constitucional de publicar el presupuesto aprobado, al tiempo que reiteró que los recursos públicos pertenecen a las familias de Nuevo León y no a los poderes del Estado.