PRI y PAN impulsan reforma para frenar cobro estatal a AyD

3 de marzo de 2026

Los diputados locales Javier Caballero y Carlos de la Fuente presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado con el objetivo de impedir que Agua y Drenaje de Monterrey continúe pagando el denominado “impuesto verde” al Gobierno estatal.

Caballero Gaona, legislador del PRI y representante del Congreso ante el Consejo de Administración de la paraestatal, informó que durante 2025 el organismo destinó mil 300 millones de pesos al pago de este gravamen. Señaló que esta erogación impacta directamente en la situación financiera de la institución.

“Estamos proponiendo que se respete lo que marca la ley para los organismos paraestatales y que no se les imponga un impuesto que no les corresponde; no podemos permitir que se sigan destinando recursos que deberían invertirse en infraestructura y mantenimiento”, declaró Caballero.

El priista explicó que la propuesta plantea adicionar un tercer párrafo a los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda del Estado, a fin de establecer de manera expresa que las instituciones, dependencias u organismos públicos descentralizados o autónomos que estén exentos del pago de impuestos federales o estatales tampoco estarán sujetos a los gravámenes contemplados en dichos artículos.

Por su parte, el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Carlos de la Fuente Flores, afirmó que en los cuatro años del actual gobierno estatal, encabezado por Samuel García, Agua y Drenaje ha destinado cerca de 4 mil millones de pesos al pago del impuesto verde, lo que —dijo— ha debilitado la estabilidad financiera del organismo.

“Lo que buscamos es que Agua y Drenaje conserve sus recursos para atender la crisis de drenaje sanitario que vive Nuevo León y no que se sigan transfiriendo al Gobierno central bajo un concepto que consideramos improcedente”, sostuvo el panista.

De la Fuente agregó que la situación actual del sistema de drenaje es una de las más complejas en la historia reciente del estado y atribuyó parte del problema al impacto financiero derivado del pago del gravamen.

En otro momento, Caballero indicó que el Consejo de Administración ha recomendado en diversas sesiones suspender el pago del impuesto hasta agotar las instancias legales correspondientes. “El Consejo fue claro en señalar que debía dejar de cubrirse este impuesto mientras se resolvía su legalidad; por eso consideramos necesaria esta reforma para dar certeza jurídica”, puntualizó.

Además de la iniciativa, los legisladores solicitaron a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León que, en la revisión de la cuenta pública 2025, examine la legalidad de los pagos realizados por la paraestatal y determine, en su caso, posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento de acuerdos del Consejo.