Viernes 30 de mayo de 2025
Con el objetivo de evitar el uso político de colores en la propaganda gubernamental y los programas sociales, la Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa para crear la Ley que Regula la Imagen Institucional de los Poderes Públicos del Estado.
La propuesta legislativa contempla 6 capítulos, 20 artículos y 3 artículos transitorios, con los cuales se busca estandarizar la identidad gráfica de las dependencias públicas, eliminando así el uso de colores asociados a partidos políticos en edificios, vehículos oficiales y programas gubernamentales.
“Con esta ley se evitará el uso partidista de la imagen institucional. La propuesta establece que los colores permitidos en la identidad visual de gobierno sean blanco, negro o gris, en sus diferentes tonalidades”, explicó la legisladora priista.
Serrato Flores señaló que la intención es reducir gastos innecesarios relacionados con la remodelación de inmuebles y los constantes cambios de imagen en cada administración, lo que además ayudaría a dar continuidad a la percepción ciudadana sobre las instituciones públicas.
Durante su presentación, recordó que en noviembre pasado cuestionó a la Secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, sobre un posible reparto de tenis color naranja en escuelas públicas —color asociado al partido Movimiento Ciudadano—, hecho que en su momento fue negado, pero que esta semana se confirmó por autoridades educativas.
“Pintar inmuebles que no lo requieren o distribuir productos con colores partidistas es tirar recursos públicos a la basura. No se trata de prohibir colores, sino de impedir su uso con fines electorales desde el poder”, afirmó.
Como complemento, la diputada también presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, para sancionar a los funcionarios que autoricen compras de insumos que incumplan con la nueva Ley de Imagen Institucional.
La legisladora del tricolor destacó que entidades como Yucatán, Puebla y Durango ya cuentan con normativas similares y subrayó la urgencia de que Nuevo León se sume a estas buenas prácticas de transparencia y responsabilidad administrativa.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
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