07 de marzo de 2025
Monterrey, N.L. – Con el objetivo de garantizar el bienestar de los menores y fortalecer la certeza jurídica en los procesos de adopción, la diputada de Acción Nacional, Myrna Grimaldo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León.
La propuesta establece que los adoptantes no podrán estar inscritos en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, impidiendo así que deudores alimentarios accedan a la adopción. Además, introduce mecanismos de control para asegurar que el proceso sea transparente y justo, evitando que intereses económicos ajenos afecten los derechos de los menores.
La iniciativa modifica el Artículo 30 Bis, estableciendo que las autoridades deberán garantizar que la adopción respete los derechos de los menores y el principio del interés superior de la niñez. Asimismo, en el Artículo 30 Bis 3 se prohíben prácticas como la adopción privada con fines ilícitos, la influencia indebida y el incumplimiento de obligaciones alimentarias.
En cuanto al Artículo 124 Bis 6, la reforma especifica los requisitos bajo los cuales un deudor alimentario podrá cancelar su inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, principalmente al demostrar que ha cumplido con sus obligaciones.
“La reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos de los menores, asegurando que quienes adopten cumplan con sus responsabilidades legales y éticas en el cuidado y desarrollo de los niños”, destacó la diputada Grimaldo Iracheta.
Además de la reforma, la legisladora propuso la creación de una Mesa de Trabajo para analizar la implementación de un Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, medida que fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria.
“La ausencia de un mecanismo estatal que supervise a los deudores alimentarios genera un vacío legislativo que impide actuar eficazmente ante este problema. Un registro estatal ayudaría a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y fortalecería la protección de los menores”, señaló Grimaldo.
Estados como Ciudad de México, Jalisco y Coahuila ya cuentan con registros similares, los cuales han demostrado ser herramientas clave para el cumplimiento de las pensiones alimenticias. En países como Estados Unidos, Colombia y Ecuador, se han implementado restricciones a los deudores alimentarios, como la negativa a renovar licencias de conducir o la limitación para obtener créditos bancarios.
Con esta propuesta, Nuevo León se sumaría a los estados que buscan asegurar que los menores sean adoptados en un entorno estable y que sus derechos sean plenamente respetados.
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